Los conflictos que expresa la Ciudad y que la usan como escenario pueden ser gestionados de manera menos dañina; pero no desde posiciones facilistas o simplificadoras.

La falta de capacidad de intervención adecuada de los poderes públicos no es fruto de la paciencia gubernamental, ni de la desidia o el desinterés. Las autoridades públicas están atenazadas por la impotencia. Saben que para poder imponer un criterio ordenador, necesitan de una legitimidad que muchos afectados no les reconocen; y temen no poder gobernar adecuadamente el carácter y el volumen de una respuesta compleja para cualquier organización y que debería ser mejor que una pobre perspectiva policial.

Las tensiones en el espacio público están desbordando los márgenes de convivencia, no porque sean muchas y frecuentes, sino porque expresan un péndulo entre Estado arbitrario y la respuesta, con algún componente de chantaje, que utiliza a la ciudadanía de rehén, de parte -solamente- de aquellos con organización capaz de responder.

No se trata de movilizaciones y tensiones "del desarrollo" orientadas a la lucha por la jerarquización de actores y problemas frente al Estado, sino expresiones del "subdesarrollo" en tanto evidencia de una primarización de los conflictos y del relativo desconocimiento de los derechos de los otros.

Quizás no se advierta que estamos frente a una especie de "privatización" del espacio público, desnaturalizándolo. Da igual que el uso indiscriminado del derecho a la protesta enarbole la bandera contra la confiscación de la renta agraria, el derecho a un ambiente sano o la posibilidad de un modelo diferente de organización gremial. Quizás corresponde exceptuar de esta lista a aquellas movilizaciones que responden a estrictas razones de supervivencia inmediata.

"Ganar/Perder la calle" no deja de ser una expresión controversial, si pensamos que la calle nos pertenece como ciudadanos. Y que "la calle" adquiera tal centralidad política nos habla más de debilidad institucional que de vitalidad social. Una democracia de calidad debe evitar el péndulo perverso entre represión e inacción; existen cientos de experiencias creativas que podemos copiar.

Y no deben primar los prejuicios: la mediación de conflictos públicos debe ser parte de la caja de herramientas de un Estado moderno, entre otras cosas porque vivimos (el mundo) en un marco de alta conflictividad que nos corresponde administrar con inteligencia, prudencia y equidad.

El Jefe de Gobierno debe advertir que este problema no le es ajeno; y las autoridades nacionales, que deben construir plataformas de negociación más estables, institucionales, transparentes y calificadas. A los ciudadanos nos cabe también una responsabilidad mayor. Hacer oídos sordos a los exabruptos los exprese quien los exprese, reconocer que estos emergentes no son caprichosos y que de nada sirve mirar para otro lado frente a la arbitrariedad, la pobreza y la indigencia. Y valorar los esfuerzos de aquellos representantes públicos que buscan acuerdos, que no caen en la trampa de la frase tribunera e intentan recuperar la consideración social en el Estado, requisito indispensable de cualquier intervención pública eficaz.

Autor: Fabio Quetglas, especialista en Gestión Urbana.

Publicado en: http://www.clarin.com/diario/2009/11/23/opinion/o-02046607.htm